© Scott Olson La Administración Biden enfoca la detección de armas ilegales en ciudades como Chicago.

El gobierno del presidente Joe Biden dio a conocer su plan para enfrentar los crímenes con armas de fuego, incluidos los tiroteos y el aumento de homicidios en las ciudades más grandes, como Los Ángeles y Nueva York.

“La estrategia integral para prevenir y responder a los delitos con armas de fuego y garantizar la seguridad pública” fue descrita por dos funcionarios de la Casa Blanca en una llamada con reporteros, donde se exponen cinco acciones clave, una de las cuales fue adelantada este martes por el Departamento de Justicia, se trata de la creación de cinco equipos especiales para investigar e intervenir el tráfico de armas.

Los funcionarios citaron que el incremento de delitos por armas de fuego tiene también una relación con la pandemia de COVID-19, como una consecuencia secundaria, incluida la proliferación de armas ilegales.

Los homicidios aumentaron un 30% y los asaltos con armas de fuego aumentaron un 8% en las grandes ciudades en 2020, cita un documento de la Casa Blanca que toma información del reporte “Pandemia, malestar social y crimen en las ciudades de EE.UU.”, realizado por la Comisión Nacional de COVID-19 y Justicia Criminal y Arnold Adventures.

Agrega que el número de homicidios en el primer trimestre de 2021 fue un 24% más alto que en el primer trimestre de 2020, y un 49% más alto que en el primer trimestre de 2019. En septiembre, el FBI dará a conocer el informe oficial.

Se destaca que las consecuencias directas e indirectas de la violencia armada “perjudican desproporcionadamente” a las comunidades de raza negra y morenas.

Los funcionarios señalaron que el presidente Biden mantiene su presión al Congreso para actuar en cuanto al control de armas.

1. Flujo indiscriminado

La Administración Biden busca detener el flujo de armas de fuego utilizadas para cometer actos de violencia con distintas acciones, incluso responsabilizando a los comerciantes de armas de fuego que califica de deshonestos por violar las leyes federales al vender equipo.

Para ello, la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) incrementará la vigilancia entre distribuidores, para detectar a aquellos que no cumplen lo que marca la ley y el Departamento de Justicia aplicará una política de “tolerancia cero” por diversas acciones, como: 1) transferir un arma de fuego a una persona que lo tiene prohibido; 2) no aplicar la búsqueda de antecedentes requeridos; 3) falsificar registros, como un formulario de transacción de armas de fuego; 4) no responder a una solicitud de rastreo de ATF, y 5) negarse a permitir que ATF realice una inspección.

El gobierno lamentó que la administración de Donald Trump detuviera la orientación de distribuidores que debían transferir el equipo, a fin de evitar que terminara en el mercado negro. La ATF retoma esta política.

También se incluye una política ampliada para la detección de las llamadas “armas fantasma”, las cuales se ensambla con equipo por separado y es complicado rastrearlas.

La ATF también reforzará la vigilancia de armas que 16 estado realizan en forma independiente, a fin de detectar posibles fallas que ayuden a traficantes.

2. Coordinación estatal

Los funcionarios de la Casa Blanca adelantaron que se apoyará a la policía local con herramientas y recursos federales para abordar los delitos violentos durante el verano.

Esto se hará con apoyo del FBI, la ATF, la DEA y el Servicio de Alguaciles que ayudarán a detectar a delincuentes violentos y células de las organizaciones más peligrosas.

“La ATF está colaborando con unidades locales de homicidios y ampliando la disponibilidad de su centro de correlación de la Red Nacional Integrada de Información Balística (NIBIN), que compara la balística de las escenas del crimen con otras pruebas balísticas en todo el país”, indica el plan.

El tráfico de armas ha alimentado a los cárteles de la droga trasnacionales, que tienen socios en varias entidades, por lo que la DEA ayudará a las policías locales y estatales a detectarlos y detenerlos.

Mientras que alguaciles federales realizarán redadas en búsqueda de fugitivos en todo el país centradas en personas acusadas de delitos de alto impacto, como homicidios.

Al tener un enfoque comunitario, la Administración Biden buscará aumentar $300 millones de dólares directos a agencias policiacas locales.

3. Educación cívica

Una prioridad de la Administración Biden será la ampliación de los programas de intervención comunitaria contra la violencia (CVI). Los funcionarios citan que esto ha reducido la violencia hasta en un 60% en algunas comunidades.

El mes pasado, el Departamento del Tesoro anunció que los $350,000 millones del Plan de Rescate Estadounidense en fondos estatales y locales pueden usarse para invertir en intervenciones de violencia comunitaria.

A esos fondos se sumarán aquellos del Departamento de Educación de $122,000 millones en fondos K-12, aunados a fondos federales transferidos a los estados.

Mas recursos serían destinados con el Plan de Empleos Estadounidenses, así como la modificación de 26 programas federales, enfocados en educación.

4. Empleo de verano

Se buscará ampliar los programas de verano, las oportunidades de empleo y otros servicios y apoyos para adolescentes y adultos jóvenes.

Los departamentos del Tesoro y de Educación publicaron guías de distribución de fondos del ARP que servirán para contratar personal de apoyo como enfermeras, consejeros y trabajadores sociales; pagar los costos operativos y de personal de la corte para volver a los niveles operativos previos a la pandemia; brindar y expandir los servicios de empleo, incluidos trabajos de verano para jóvenes y programas que brinden capacitación y experiencia laboral para personas anteriormente encarceladas.

“Los jóvenes tienen una probabilidad desproporcionada de verse envueltos en actos de violencia armada, ya sea como perpetradores o como víctimas”, reconoce la Administración Biden.

Por ello destaca que los programas de empleo juvenil, incluidos los programas de verano, pueden reducir su participación en la violencia hasta en un 35% o un 45%.

5. Reinserción social

Los exreclusos podrían enfrentar problemas para reintegrarse a sus comunidades y, al no ver suficientes oportunidades, podrían ver la delincuencia como su única opción.

“Las personas anteriormente encarceladas se enfrentan a una cuesta arriba para conseguir un trabajo. Muchos empleadores se muestran reacios a contratarlos por estigma, miedo o preocupación de que carecen de las habilidades necesarias”, reconoce la Administración Biden.

Se perfilan inversiones a distintos programas, incluidos $85.5 millones ya entregados el 21 de junio por el Departamento de Trabajo para ayudar a adultos y jóvenes que habían estado encarcelados en 28 comunidades.

El programa está dividido en dos poblaciones, una de adultos que ayudaría a unas 6,000 personas y otra de jóvenes de entre 18 y 24 años, que apoyará a unos 3,000. En los segundos habrá un enfoque de capacitación y educación.

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